Es una política que define la creación de instancias de participación popular en los órganos y agencias del Gobierno Federal. Fue implementada por la presidenta Dilma por medio del decreto 8.243 de 2014.
No. Al contrario. La ley 10.683, aprobada por el Congreso Nacional en 2003, dio a la Secretaría General de la Presidencia de la República la responsabilidad de reglamentar la “relación y articulación con las entidades de la sociedad civil y en la creación e implementación de instrumentos de consulta y participación popular de interés del Poder Ejecutivo”. Y fue exactamente eso lo que hizo la presidenta, atendiendo a esa determinación del Legislativo.
¿Es verdad que esas “instancias de participación” van a sustituir al Congreso?
De ninguna manera. En primer lugar, esos consejos, foros, comisiones, defensorías y otras herramientas de participación son apenas consultivos. O sea: no tienen poder para tomar decisiones. En esos espacios, los ciudadanos y grupos sociales podrán ser oídos y dar sugerencias en políticas públicas en vías de implementación. En segundo lugar, la Política Nacional de Participación Social solo se refiere a los órganos del Gobierno Federal y no tienen ningún poder sobre la Cámara de Diputados y el Senado.
Es una ley que crea derechos y obligaciones para empresas y ciudadanos en el ambiente virtual brasileño. Fue debatida públicamente entre 2009 y 2011 y aprobada en 2014, y es considerada un ejemplo mundial de legislación en lo que respecta a Internet. Entre otras cosas, el Marco Civil aseguró que los proveedores de conexión no puedan decidir qué tipo de datos van a circular con más velocidad en la red y determinó plazos y reglas para el almacenamiento de informaciones personales de los ciudadanos brasileños.
