Es imposible comparar las privatizaciones realizadas por gobiernos anteriores con el modelo implantado en los gobiernos de Lula y Dilma. En el primer caso, nuestro patrimonio fue alienado, o sea, vendido. Y peor: por precios menores que los valores de mercado de las empresas en ese momento - y muchas veces usando recursos públicos para que las empresas privadas efectuaran la compra. En el actual Régimen de Partición, en cambio, como el propio nombre lo dice, hay una división entre Estado y empresas, y la Unión es quien se queda con la mayor parte de los recursos. Eso es doblemente justo: primero, porque recompensa a la Petrobras, que invirtió durante décadas para encontrar el Presal. Y, segundo, porque la mayor parte de los recursos será invertida en la mejoría de la calidad de vida del pueblo brasileño.