Una de las principales acciones de combate a la deforestación promovidas por Lula y Dilma, la Operación Arco Verde Tierra Legal, llevó alternativas sostenibles a 43 municipios de la Amazonía. El conjunto elegido no se dio de manera aleatoria: juntos, esos municipios respondían, en 2009, por un 53% de la tala en la región. La operación alteró el modelo económico de esos municipios, por medio de acciones como la regularización agraria y ambiental, la emisión de documentación para los trabajadores rurales, el acceso al crédito, la atención en la Previsión Social y la difusión tecnológica.
Muchas cosas. Durante los gobiernos Lula y Dilma, por dar solo algunos ejemplos, el número de áreas de preservación ambiental aumentó en 50%. La tala de la Amazonía, que antes solo crecía, cayó un 79% entre 2004 y 2013. Operaciones de la Policía Federal combatieron el tráfico de madera y aprehendieron más de 23 mil metros cúbicos del material.
“Las acciones de capacitación y asistencia técnica para acceder a mercados diferenciados de los productos extractivistas ayudan a mantener en pie a la selva.”
Mauricio Santamaria, gestor de la Reserva Extractivista (Resex) Tapajós Arapiuns, en el oeste del estado de Pará.
“El gobierno Dilma provocó de hecho un cambio de paradigma: la energía eólica dejó de ser marginal y conquistó un papel destacado como una de las fuentes complementarias a la energía hídrica (al lado de las termoeléctricas a gas, carbón y aceite y de la energía nuclear).”
Giorgio Romano Schutte, profesor de Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Federal del ABC (UFABC) y miembro del Núcleo Estratégico de Estudios sobre Desarrollo, Democracia y Sostenibilidad (NEEDDS).
Los vetos de la presidenta Dilma fueron fundamentados por la existencia de contrariedad al interés público y de inconstitucionalidades en parte de la nueva legislación, habiendo sido determinados tras consultas a los ministerios del Medio Ambiente, de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, del Desarrollo Agrario, de Planificación, Presupuesto y Gestión, de Minas y Energía, de la Ciencia, Tecnología e Innovación y de las Ciudades, además de la Abogacía General de la Unión.
En 2012, uno de los puntos más sensibles y polémicos de la legislación brasileña fue finalmente sancionado: el nuevo Código Forestal, cuya versión anterior remontaba a 1965.
En operación desde 2011, el Fondo Nacional sobre el Cambio Climático (Fondo Clima) ya invirtió R$ 170 millones, de los cuales R$ 90 millones a fondo perdido y R$ 80 millones en financiación.
El Fondo apoya proyectos de mitigación del cambio del clima y adaptación de las poblaciones vulnerables a sus efectos, al igual que la estructuración de las directrices y de los demás instrumentos de la Política Nacional sobre el Cambio Climático.
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Con Lula y Dilma, la tala cayó como nunca en la Amazonía Legal: de los 27.772 km² deforestados en 2004, a 5.891 km² en 2013. Una reducción del 79%.
